He estado la semana pasada en un curso de verano de los que la Universidad Rey Juan Carlos celebra en Aranjuez. Lo organicé con mi amigo Manuel Cerdán y le pusimos por título “El gran hermano nos vigila: ¿seguridad o recorte de libertades?”. Día a día, he dado cuenta de las ponencias más relevantes en El Reservado, dado que los intervinientes han sido lo mejor de lo mejor en el tema que nos ocupaba. Ahora, ha llegado el momento de tomar postura.

La sociedad de la información ha llevado a mafias, delincuentes y estados golfos a trabajar intensamente en el desarrollo de las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo sus delitos con la mayor impunidad posible. Las democracias, a veces forzados por los adelantos ajenos, a veces por las potencialidades que descubrían, se han armado hasta un punto en el que sin duda se ha producido un recorte de nuestras libertades. La principal, la sistemática violación de nuestra intimidad.

Juan Luis Rascón, magistrado en excedencia y diputado del PSOE, explicó con una claridad pasmosa que seguridad y libertad deben caminar de la mano, pero sin que nadie pueda cercenar nuestros derechos más íntimos. Como él pensaban, desde puntos de vista distintos, Agustín Carretero, director gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, o Agustín Conde, senador del PP. Es una postura filosófica y legal que comparto plenamente y que está al margen del partido que nos gobierne.

Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y abogado de Roberto Flórez, el espía que intentó vender papeles secretos a los rusos, se movía en una postura similar a la de su colega Jacobo Teijelo, que me dejó “acojonado” –disculpen la expresión, pero es muy clara- cuando explicó en base a su experiencia de tantos años y casos –entre ellos el 11-S y el 11-M- cómo la Policía tiene accesos a tantas bases de datos, que han convertido investigar nuestra vida diaria en una tarea demasiado fácil.

Compra venta de vehículos, hospedaje en hoteles, infracciones de tráfico, adquisición de embarcaciones, resoluciones judiciales, huellas, pasajeros de aviones, ADN, visitas a prisiones... en cuanto aparezcamos en cualquiera de ellos, estaremos en una base de datos, de la que difícilmente saldremos. Porque además, con sólo meter nuestro nombre en una base de datos secundaria –elaborada a partir de las anteriores– aparecerá lo que hemos hecho en los últimos años. Sinceramente, creo que debe preocuparnos.

Yo creo que la Policía y la Guardia Civil son de fiar. Realizan su trabajo y buscan que los delincuentes acaben purgando sus delitos. Pero la tentación de meter las narices en otros temas es grande, demasiado grande. Conozco muchos miembros de los cuerpos de seguridad y son gente muy íntegra, pero algún control se debería ejercitar para que nuestros datos no anden libremente pululando por bases de datos.

Lo del CNI es más preocupante, al menos para mí. Con la Ley 2/2002 consiguieron poder legalizar las entradas en domicilios y las escuchas telefónicas. Un juez, nada menos que del Supremo, tiene que autorizar cada una de las que somete a su juicio el director del servicio. Pero el control sobre esas escuchas es prácticamente nulo. El juez tiene que fiarse de lo que le dicen, pero no interviene en el proceso posterior como se hace con las interceptaciones de la Policía y Guardia Civil.

José Luis González Cussac, prestigioso catedrático de Derecho Penal, defendió la constitucionalidad de esa Ley 2/2002 con suma inteligencia, la misma que mostró Ollé cuando consideró que no lo era. Yo creo que el Supremo pondrá algunas pegas cuando vea el recurso del “caso Flórez”. Porque la práctica ha demostrado que para cumplir su trabajo de prevención de las amenazas el servicio secreto traspasa demasiadas líneas rojas. Y una cosa es limitar las libertades un poco para garantizar la seguridad y otra es la violación sistemática de la intimidad. Por eso, precisamente, es por lo que nos da miedo el CNI.