El 12 de junio de 2010 se cumplen quince años. El diario El Mundo sacaba a la luz que el entonces CESID, ahora CNI, tenía un gabinete de escuchas que se dedicaba a grabar las conversaciones de las más altas autoridades del Estado. Prometieron que no volverían a hacerlo: ¿nos lo podemos creer?

Fue el final de una etapa plagada de escándalos. Con las pruebas de los listados que lo demostraban, se supo que el servicio de inteligencia comandado por Emilio Alonso Manglano llevaba más de cinco años grabando las conversaciones de móvil de todas aquellas personas que lo usaban, en una época donde sólo accedían a ese servicio gente de cierto nivel.

La operación era perfecta. Crearon un Gabinete de Escuchas, compraron los equipos más sofisticados del mercado y pusieron a trabajar a diversos agentes con la única misión de pasarse las horas buscando en la red conversaciones telefónicas e interpretando si eran útiles para el servicio. Obviamente, la mayor parte de los españoles poderosos del momento fueron escuchados y sus conversaciones grabadas y convenientemente almacenadas.

El primero en la lista de los grabados fue el Rey, seguido por algunos de sus amigos: el príncipe Tchokotoua, el embajador Prado y Colón de Carvajal y el argentino Carlos Perdomo. También había ministros como José Barrionuevo, el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, y muchos empresarios, alguno de los cuales había sido pillado ligando con su amante.

La pregunta que ahora nos podemos plantear es si esa actividad que  en su día costó la dimisión al director del CESID, Emilio Alonso Manglano, al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, puede seguir siendo desarrollada actualmente.

Es imposible saberlo. En aquel caso, había ex agentes molestos con el CESID que se decidieron a contar la ilegalidad y a poner en manos de los periodistas las pruebas que lo demostraban. Mientras esa situación no se repita, es indemostrable.

Pero algo importante no debemos olvidar. Lo que diferencia al CNI de la Policía y la Guardia Civil es el uso de determinados medios y la ventaja de no tener que validarlos ante un juez, pues al del Supremo que les controla seguro que no le piden autorización para determinadas acciones.

Esos medios y tener que informar sólo a los miembros del gobierno de los resultados –no de cómo consiguieron la información-, les permita montar dispositivos que pueden estar fuera de la ley.

¿Es que alguien no se cree que el CNI tiene a muchos de sus agentes navegando continuamente por Internet consiguiendo información de usuarios? Pues lo mismo pasa con las escuchas. Si ellos creen que les puede facilitar información para detectar conspiraciones o delitos, las harán. En el mayor de los secretos, pero lo harán. Posiblemente, el Rey se salve y el presidente del Gobierno también. Pero de ahí para abajo, la seguridad del Estado está para ellos por encima de la libertad.

Ah, igual que actúan todos los servicios de inteligencia en el resto de los países democráticos del mundo.