Alguien, necesariamente desde el Parlamento, tendrá en algún momento que plantearse adoptar medidas serias para acabar con las injusticias que sufren en España una serie de personas que se han jugado la vida para ayudar a detener a los mayores delincuentes del país y que a cambio terminan siendo abandonados a su suerte.

Cada vez conozco más casos de infiltrados o arrepentidos a los que se les garantizó la máxima protección personal y garantías económicas, a cambio de que obtuvieran información de mafias y luego declararan contra ellos si era menester.

Estoy pensando en Francisco Lerena, “Lobo Azul”, que se infiltró en la extrema derecha y a quien su controlador del Cesid le prometió que nunca le dejarían abandonado y le garantizarían un futuro tranquilo para recompensarle su renuncia a la estabilidad que tenía y las numerosas veces que se jugó la vida. Una vez que salvó la vida a distintas personalidades como el Rey, el presidente Felipe González o el diputado Juan María Bandrés, el Cesid desarticuló su grupo de extrema derecha, le fueron cortando el suministro de dinero durante dos años, hasta finalmente dejarle abandonado a su suerte.

También estoy pensando en el testigo protegido S-20-04-H93, que se ofreció voluntario para delatar a los responsables de los atentados del 11-M, que posteriormente se infiltró en el grupo cercano a “El Chino” siguiendo indicaciones de la Policía y que tuvo que convertirse en “testigo protegido” para evitar que los amigos de los terroristas islamistas le asesinaran. También le prometieron de todo, aunque en unos meses le quitaron los 1.000 euros de asignación mensual y poco después la casa en la que vivían. Abandonado a su suerte, se tuvo que buscar la vida fuera de España.

A esos y otros casos, se une recientemente el de Ricardo Portabales, un narco arrepentido, cuyo testimonio, junto al de otros, permitió acabar con la impunidad que gozaban en los años 80 los traficantes de drogas gallegos. Es un ejemplo distinto a los anteriores, pero idéntico en lo que se refiere al abandono. Después de jugarse la vida y obligar a su familia a vivir con un grupo de escoltas que controlaban hasta los momentos de juego de los niños, pasados unos años, los Ministerios de Justicia e Interior alegan que están mal de presupuesto y que tienen que suprimirles la asignación.

En un país en el que se hacen trampas millonarias como en los ERE andaluces, en el que se desvía ingentes cantidades de dinero en tramas corruptas como Gürtel, decir que el Estado no tiene unos miles de euros mensuales para permitir una vida mínimamente digna a quienes tuvieron que abandonarlo todo para que los malos estén en la cárcel, me parece una ofensa a todos los españoles. Espero que algún diputado lea estas letras y se conciencie de que esta situación no es tolerable en una democracia.