Enterramiento de época romana dañado en Tarragona
Que todos los días se comenten delitos es un hecho que no llama la atención. Que algunos de esos crímenes consisten en daños o alteraciones del patrimonio histórico tampoco es una novedad. Pero este verano se ha dado un “mazazo” legal que refuerza la fe en la Justicia. La fiscalía de la Audiencia de Tarragona ha presentado una querella hacia cuatro personas responsables de unas obras de construcción en la misma ciudad, antigua fundación de los escipiones y capital provincial romana, enormemente fértil en materia arqueológica.
Los hechos que se valoran como presunto delito se dieron en septiembre de 2009, cuando la realización de unos trabajos de construcción en el Paseo Rafael de Casanova, cerca del anfiteatro romano, sacaron a la luz tres fosas, dos de ellas ocupadas por sendos sarcófagos de plomo –datados entre el final del siglo I y principios del II d.C.–, uno conteniendo a uno adulto y otro a un infante. En la misma calle ya habían aparecido en 2003 importantes restos como una cisterna, que motivaron una cierta vigilancia de la zona. Algunos trabajos de construcción posteriores tuvieron que ser interrumpidos para salvaguardar la integridad de la zona, pero a finales del año pasado los responsables de un par de empresas de construcción decidieron ignorar la legalidad vigente.
Durante unas obras en el paseo antes mencionado, un operario observó los restos funerarios y llamó la atención de sus superiores, los cuales mandaron colocar una plancha de hormigón sobre el enterramiento del adulto para ocultarlo y no dar parte a las autoridades. Irónicamente este acto protegió el féretro –rescatado con unos mínimos daños en la parte superior– ya que la continuación de las obras destruyó el del infante.
Ahora mismo el proceso está en manos del juez, que tendrá que valorar los daños y emitir sentencia. Los acusados se enfrentan a graves multas que recuerdan al reciente caso de Zafra III (Badajoz), donde tres adolescentes pintaron un monumento megalítico con spray azul y esperan una posible multa de entre 150.000 y 1,2 millones de euros.






