41 miembros de Naciones Unidas se abstienen de reconocer al líquido elemento como un derecho humano básico. Afortunadamente 122 países han respaldado un derecho que supone la garantía universal de acceso al agua y la obligación de facilitárselo a los 884 millones de personas que aún hoy en el siglo XXI encuentran dificultados o directamente no cuentan con acceso potable alguno

El embajador oriundo de La Paz, Pablo Solón, expuso ante la Asamblea "una de las iniciativas más importantes para combatir la pérdida humana y la privación del goce pleno de los derechos humanos". En su presentación -avalada en un principio por 40 países-, Solón recordó que una de las metas de los Objetivos del Milenio pasa por reducir un 50% la cantidad de personas que no cuentan con acceso a agua potable y al saneamiento básico antes de 2015.

"Tenemos que mandar un mensaje claro al mundo de que el acceso al agua potable y al saneamiento son un derecho básico y que hay que hacer todo lo posible para que sean una realidad", destacó en la presentación el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón.

En este sentido, la resolución de la ONU refleja cómo más de 2.600 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias adecuadas -de ellos 125 millones de niños menores de cinco años-, lo que contribuye a que un millón y medio de niños mueran cada año a causa de enfermedades relacionadas con esta falta de salubridad.

Eso sin olvidar datos como los recogidos en un informe de Naciones Unidas publicado en 2009 en el que se estima que para 2030 unos 700 millones de personas se podrían ver obligados a migrar por la escasez de agua y la falta de saneamiento básico. De hecho, el informe advierte cómo para el año 2015, el 47% de la población mundial vivirá en zonas áridas -dice la RAE: seco, estéril, de poco jugo y humedad-.