La pobreza energética se produce en general cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas y se relaciona de forma más específica con la calefacción, que es el uso que más pesa en la factura energética de las casas. En España, un 8 por 100 de la población tiene este grave problema, aunque hasta ahora el gobierno no ha hecho nada, en contra del ejemplo de Reino Unido e Irlanda.

Imaginen la siguiente situación, hipotética pero representativa: una señora de 75 años viviendo sola en una casa de una planta en una zona rural de algún país – miembro de la Unión Europea – del este de Europa. Sus ingresos no sobrepasan los 350 euros mensuales y, aunque se trata de una casa espaciosa con un buen jardín, fue construida directamente por sus propietarios en 1960 y no ha sido renovada prácticamente desde entonces. Las ventanas, puertas y techos, ya envejecidos, no aíslan bien el interior porque están deteriorados.

Aunque la casa está conectada a la red de gas natural, prefiere utilizar leña para calentarse en la estación fría. A pesar de ser más barata (pero también más pesada de acarrear), sólo puede permitirse calentar con madera las dos habitaciones en las que vive y duerme en el invierno, mientras que el resto de la casa, incluyendo el baño, están prácticamente a la temperatura del exterior. En enero y febrero, la temperatura de esas dos habitaciones con calefacción apenas alcanza los 17ºC de media.

Esta señora, que probablemente además morirá prematuramente, es un caso arquetípico de pobreza energética. No sólo porque no es capaz de mantener en su salón la temperatura mínima de 20ºC recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMC). También lo es porque los costes de la energía probablemente se llevan una parte importante de sus reducidos ingresos, lo que le induce a sustituir el consumo de gas por el de madera, y porque vive en una casa extremadamente ineficiente cuya temperatura interior es difícil de regular y mantener. Y lo es también porque con su fallecimiento ingresará en esa fracción de la mortalidad adicional en invierno –por una multitud de factores, las personas, sobre todo las personas mayores, mueren más en invierno que en verano–  que es debida precisamente a esa situación de pobreza energética en la que vive.

El concepto fue acuñado en los años ochenta del siglo pasado en el Reino Unido, un país pionero que ya dispone de una estrategia para erradicar la pobreza energética hasta 2018. De acuerdo con la primera definición propuesta en 1990 por Brenda Boardman, investigadora del Environmental Change Institute de la Universidad de Oxford, la pobreza energética es la “incapacidad de obtener una cantidad de servicios de la energía adecuados [para satisfacer las necesidades del hogar] por un 10% de la renta del hogar”. Definiciones posteriores, separándose de esa medición basada en rentas y gastos, consideran que la pobreza energética se produce en general cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas. Aunque en principio el concepto se refiere a todos los usos domésticos de la energía (iluminación, agua caliente, cocina, etc.), la pobreza energética se relaciona de forma más específica con la calefacción, que es el uso que más pesa en la factura energética de las casas y es el factor que determina su impacto en la salud de los hogares afectados.

Factores explicativos

Una primera apreciación que hacen los expertos es que la pobreza energética no es sinónimo de pobreza a secas: no todos las personas consideradas pobres en función de su renta viven en pobreza energética, y viceversa. Información detallada sobre hogares en el Reino Unido indican que, aunque el riesgo de estar en pobreza energética es mayor cuanto menor son los ingresos, un porcentaje apreciable de hogares con rentas medias e incluso superiores a la media también sufren de un acceso inadecuado a los servicios de la energía.

Por esa razón, el consumo de energía de las casas es el factor determinante para entender y resolver el problema. Como afirman los investigadores irlandeses Jonathan D. Healy y J. Peter Clinch en un artículo que analiza la situación en Irlanda, la pobreza energética es “quizás el peor impacto social resultante un consumo de energía ineficiente en el ámbito doméstico”. Por esta misma razón, las soluciones que pasan por ayudar financieramente a las familias a hacer frente a sus facturas tan sólo resuelven el problema de forma parcial y temporal.

Los precios de la energía consumida por los hogares son lógicamente el tercer factor a tener en cuenta, aunque se piensa que su impacto es ambivalente. Si bien un aumento de precios por encima del incremento de sueldos y pensiones encarece la factura energética de los hogares, los precios son probablemente los incentivos más claros para mejorar la eficiencia energética del sector residencial. Con una excepción importante: si las familias, como suele ser el caso de las afectadas por pobreza energética, no disponen de información sobre cómo mejorar la eficiencia energética de sus casas o de crédito para hacer las reformas necesarias, un aumento de precios difícilmente reducirá el número de hogares incapaces de satisfacer sus necesidades energéticas básicas.   

La situación en la Unión Europea

Al contrario de lo que pudiera pensarse del ejemplo escogido, no son sólo las personas de avanzada edad de Europa del Este las afectadas por pobreza energética. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, en países como Portugal y Chipre más de un 30% de los encuestados declaran ser incapaces de mantenerla suficientemente caldeada en invierno. Elevadas tasas de pobreza energética medidas con este indicador se registran también en Lituania, Letonia y Bulgaria. En España, en promedio cerca de un 8% de la población sufriría de pobreza energética de acuerdo con este criterio.

La legislación comunitaria está empezando a reaccionar a este problema que, sin ser particularmente novedoso, está muy poco reconocido y estudiado en la casi totalidad de los Estados Miembros excepto el Reino Unido e Irlanda. De esta manera, la Directiva 2009/72 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad ya reconoce que “la pobreza energética es un problema cada vez mayor en la Comunidad” y establece que los “Estados miembros afectados […] deben desarrollar […] planes de acción nacionales u otros marcos adecuados para luchar contra la pobreza energética, con el fin de reducir el número de personas que padecen dicha situación.”