Muchos defienden que la inmensa mayoría de los cables enviados por las embajadas de Estados Unidos a su Secretaría de Estado hablan de temas que todos ya conocíamos. Sin embargo, como ha afirmado Javier Couso, hermano del cámara asesinado en Bagdad por el fuego de tropas norteamericanas contra el hotel en que residían los periodistas que cubrían la contienda, “no es lo mismo intuirlo que leerlo”.

La familia Couso y muchos de los que seguimos el caso, sospechábamos que la Administración de Estados Unidos estaba presionando al Gobierno para evitar que los militares responsables del atentado fueran perseguidos internacionalmente por una orden de busca y captura promulgada desde España, lo que les habría impedido abandonar el país por el resto de sus vidas.

Podíamos creer que el gobierno de Zapatero les ayudara en la labor, pues estaban ansiosos de hacerles favores para purgar el error cometido cuando el entonces líder de la oposición no se levantó en un desfile al paso de su bandera nacional y cuando llevó adelante su promesa electoral de retirar las tropas españolas de Irak.

Pero los papeles de Wikileaks nos han retratado una realidad bastante cruda. El Fiscal General del Estado, los ministros de Asuntos Exteriores y Justicia y jueces de la Audiencia Nacional se muestran entregados a la causa de defender a los soldados norteamericanos, olvidando que su deber es proteger los intereses españoles, representados en este caso por la familia Couso.

Es verdad que los representantes del Gobierno en sus declaraciones públicas dirigidas a la opinión pública y en las privadas dirigidas a la familia, mostraban una sola voz en defensa del español vilmente asesinado. Pero ahora sabemos que a los representantes de la embajada norteamericana les aclaraban su predisposición a cerrar el tema utilizando todos los mecanismos que tuvieron a su alcance.

Wikileaks nos ha mostrado el doble lenguaje que utilizan los políticos en España y en todo el mundo. Su obsesión por ganarse a sus opiniones públicas y, al mismo tiempo, por no disgustar a Estados Unidos. Ahora creerles va a ser un tema muy complicado. O es que alguien puede ver sinceridad en las palabras del gobierno australiano, que salió en defensa de Assange cuando fue detenido en Inglaterra.

Estos comportamientos no son los que quieren los ciudadanos. Bueno, los de Estados Unidos sí.