Pedro M.K. fue contratado en Barcelona, en 2006, por la multinacional Alten España de Estudios, Servicios y Proyectos, cuyo trabajo consiste en la consultoría e ingeniería en altas tecnologías. Un año después, el directivo decidió cambiar de empresa e irse a trabajar a una de la competencia que acababa de abrir sus puertas. Previamente, con absoluto secretismo, envió desde el ordenador de su empresa a sus cuentas personales numerosa información reservada, como datos de clientes, currículos de ingenieros de Alten, ofertas o propuestas de ejecución de proyectos enviadas a sus clientes o solicitudes de propuestas  de ejecución técnica remitidas por ellos.

Según un reportaje publicado por el semanario Tiempo y escrito por Fernando Rueda, nadie en la empresa percibió nada extraño en su comportamiento, ni sospecharon de él cuando al día siguiente de acabar su robo de información pidió la baja voluntaria. Eso sí, se mosquearon cuando se enteraron de que inmediatamente había comenzado a trabajar para la competencia.

Le investigaron y con los datos obtenidos le denunciaron. Una sentencia de este año del Juzgado de los Penal número 16 de Barcelona ha condenado a Pedro M.K. a tres años de cárcel por filtrar información de una multinacional a otra de la competencia mientras negociaba con ella las condiciones laborales de un nuevo empleo. En su contra, eso sí, jugó que al entrar en Alten había firmado una cláusula de confidencialidad –como la que firman muchos directivos- por la que se comprometía a “guardar total discreción sobre los datos técnicos o comerciales que conocerá por el ejercicio de sus funciones”.

Este caso de espionaje industrial es uno de los escasos que llegan a los tribunales en España y la sentencia es una de las más duras. Año tras año se están disparando las agresiones que persiguen la obtención ilícita de secretos empresariales en beneficio de un competidor.

Habla un prestigioso investigador

Los investigadores privados especializados en este asunto aseguran que todo negocio, por pequeño que sea, puede convertirse en blanco de este tipo de delitos, porque todos manejan información susceptible de ser utilizada por un tercero en perjuicio de la empresa espiada, aunque sólo se trate de la propia gestión del empresario, como es el caso referido de Alten.

Vicente Fernández, director de SAI (Security Analysis Intelligence), es uno de los investigadores privados españoles que más trabajan y con más éxito en los asuntos de espionaje industrial. Tras asegurar que las empresas españolas no sienten una preocupación previa por este problema –“creen que es un asunto que sólo ocurre en Estados Unidos”-, reconoce que los clientes únicamente acuden a ellos cuando llevan muchos meses con la sospecha de que tienen una agujero en la empresa por el que les está robando información.

“A veces es tan sencillo –relata- como el caso de una empresa de transporte, que le encarga a uno de sus empleados que se haga pasar por cliente de otra empresa para obtener sus tarifas, líneas de descuentos, regalos…El que saca la información está tan feliz de no haber sido descubierto durante su labor que le manda la información por email a su jefe y por error pone en copia al espiado. Después, la empresa que le encargó el espionaje se lava las manos para evitar ir a juicio y despide al empleado, que lo pierde todo”.

Fernández cuenta que “los empresarios deberían recurrir a nosotros antes de que fuera demasiado tarde, lo que con frecuencia no sucede. Hemos trabajado en el sector mecánico, farmacéutico, aseguradoras, coches, telefonía móvil y en tantos otros, y la norma general es que nos contratan cuando tienen la certeza de que les han espiado”.

Para leer el reportaje entero: http://www.tiempodehoy.com/espana/se-dispara-el-espionaje-industrial-en-espana