En los últimos años, los proveedores comerciales han sido llamados a dar soporte a un gran número de funciones de carácter crítico en casi todas las agencias involucradas en materias de inteligencia en Estados Unidos. De hecho, en esta primera década del siglo XXI, los servicios de las contrataciones privadas en Estados Unidos, han crecido cinco veces más rápido que la inflación. Es más, según Glenn Voelz, hasta un 60% de las actividades de la CIA son realizadas por personal subcontratado y hasta recientemente un 70% de las actividades relacionadas con las actividades de campo en materias de contrainteligencia (estas labores incluyen labores tan sensibles como las relacionadas con los interrogatorios, entre otras) en el Departamento de Defensa eran realizadas por personal subcontratado.

La subcontratación en materias de inteligencia en Estados Unidos se remonta al uso que los distintos ejércitos solían hacer de informadores locales, traductores y guías al operar en territorio desconocido. En el caso estadounidense, el más destacado, sin duda, el conocido “Búfalo Bill”. Posteriormente durante al Guerra de Secesión americana la agencia Pinkerton llegó a expandirse hasta convertirse en un prototipo de una agencia de inteligencia privada, proveyendo a la industria y a las corporaciones privadas con servicios de seguridad y de información.

Tras la Guerra con España a finales del siglo XIX, los Estados Unidos adquieren una orientación expedicionaria, lo que cambia la concepción de la inteligencia en los distintos cuerpos del ejército. Posteriormente, ya durante la Guerra Fría se desarrollan las grandes factorías de inteligencia en el marco estatal. Sin embargo, el amplio abanico de situaciones y operaciones en las que los servicios de inteligencia estatales se veían envueltos obligaba a contratar distintos servicios privados, desde informadores a mercenarios de todo tipo; sobre todo, en la periferia de las áreas de influencia de las grandes Superpotencias.  

Ausencia de una legislación consistente

Este precedente fue el que abrió la puerta, tras el final de la Guerra fría, a una explosión de servicios comerciales en materias de inteligencia a lo largo del mundo. Impulsado por el gran elenco de riesgos y amenazas a los que hacer frente, la rapidez de estos cambios y el recorte presupuestario en materias de defensa a finales de los años 90 del siglo XX por parte de los Estados occidentales.

La principal consecuencia que presenta esta evolución de la privatización  de la inteligencia en Estados Unidos es la falta de una legislación consistente y una definición de tareas a subcontratar así como aquellas que no pueden ser delegadas. Como puso de manifiesto el caso de Xe Services, el antiguo Blackwater. Otro de los problemas que presenta esta subcontratación masiva, puesta de manifiesto por la Oficina para la Responsabilidad Gubernamental (GAO), es la falta de prioridad del interés nacional (en este caso el interés de los Estados Unidos) a favor de intereses corporativos o particulares.

Debido a todo ello, ya en el año 2000 el ejército americano se propuso clarificar el alcance de las actividades privadas y relacionadas con la subcontratación atendiendo a los distintos niveles de guerra en el que participaran. Posteriormente, en 2004 el subdirector del Estado Mayor estableció la circular OMB A-76 para guiar las relaciones del ejército con las entidades privadas. Sin embargo en 2006, un informe del Director Nacional de Inteligencia, ponía de manifiesto que el ejército americano se veía obligado a contratar de forma privada a un gran número de personal que había trabajado con anterioridad para el ejército, al que ellos mismos habían dado entrenamiento y que ahora prestaban sus servicios en la empresa privada.  

Trabajadores con acreditación de seguridad

Es curioso comprobar como, a día de hoy, más de un 70% de los trabajadores en el campo de la información y las operaciones especiales en Estados Unidos tienen acreditaciones de seguridad debido a sus trabajos anteriores en el Gobierno. Pero es más, lo que estos trabajadores privados de la información poseen es un entrenamiento y una experiencia única en procedimientos y metodologías de trabajo que les colocan en una posición privilegiada y les hace tremendamente atractivos para las empresas.

Debido a la falta de estas guías claras sobre el alcance de las actividades de las empresas privadas en asuntos militares y en concreto en asuntos de inteligencia y motivado por los acontecimientos derivados de la actuación de este tipo de empresas, el Congreso estadounidense cada vez más empezó a monitorizar sus actividades. Como así queda de manifiesto en la Intelligence Autorization Act de 2008 del Comité Permanente para Asuntos de Inteligencia. Esta situación llevó a que en 2009 el Departamento de Defensa adoptase una nueva política en lo referente a las subcontrataciones y al uso de las empresas privadas en materias de inteligencia en conflictos armados.

Al comienzo de la nueva administración Obama se difundió un memorándum donde reconocía que las funciones y atribuciones de los contratistas privados seguían sin estar claras e instaba a que esa situación cambiase no más tarde de septiembre de 2009. Sin embargo, a pesar de que se han hecho grandes progresos, la situación sigue siendo preocupante. A pesar de que es claro que debido a la configuración actual de la esfera internacional el uso de la empresa privada en materias de inteligencia es más que necesario. De hecho, la Comunidad de Inteligencia estadounidense simplemente no podría satisfacer los compromisos adquiridos sin la ayuda de la empresa privada.